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Aplazan para este viernes conocimiento medida de coerción contra La Soga; MP pide declarar caso complejo

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Santiago.-“Tranquilo que todo va a salir bien”. Eso dijo el ex teniente de la policía Fernando de los Santos (La Soga), al ser abordado por los periodistas, luego de que el Ministerio Público decidiera aplazar para este viernes el conocimiento de medida de coerción.

Además de 18 meses de coerción, el Ministerio Publico pidió que el caso fuera declarado complejo. La Soga está acusado  sicariato con la comisión de al menos 35 muertes, y de portar una arma ilegal, ya que al momento de detención tenía en su poder  pistola marca Glock, sin documentos.

Aunque muchos parientes desistieron de las acusaciones por temor, otros acudieron ayer al tribunal en busca de justicia y que de que se esclarezcan los supuestos crímenes que cometió el ex teniente.

El ex agente, quien perteneció durante 19 años a las filas de la policía, fue apresado en Santo Domingo y se encuentra en manos de Ministerio Público en Santiago. El abogado Francisco Hernández indicó que posiblemente estaría asumiendo la defensa del ex policía Fernando de los Santos (La Soga).

Recordó  que las acusaciones de ultimar a dos hombres en el año 2011, y que contempla presentar la fiscalía contra el ex teniente de los Santos, terminó con un descargo por un tribunal en favor de los supuestos contratantes para el hecho de sicariato.

Francisco Hernández, quien junto a Carlos Cabrera representaron al ex agente policial, dijo que si se trata del caso del 2011, donde supuestamente dos empresarios pagaron la suma de 250 mil pesos para ejecutar a Elvis Sebastián Valerio Espinal y Luis Roberto Torres Ortega (Robert) hallados muertos en la presa de Bao, el Primer Tribunal Colegiado falló poniendo en libertad a los empresarios y que la fiscalía ni siquiera apeló en su momento en el año 2015.

El jurista expresó que dicho tribunal no encontró elementos para probar que Juan Silverio Ureña  y Bonel de Jesús Lanfranco Castro pagaran al ex integrante de “El quipo, o escuadrón de la muerte”, para ejecutar a los jóvenes residentes en el sector Enanche Libertad y El Invi.

“Todos los veían en galleras. Yo mismo le dije a La Soga en el año 2015, que si era por el caso del 2011, podría hacer su vida con normalidad, pues un tribunal los descargó a lo que supuestamente habían pagado”, expresó Hernández.

La Soga quien reside en la comunidad de Gurabo, se presentó junto a un alto oficial el pasado martes en la Jefatura de la Policía en Santo Domingo y de allí fue trasladado directamente al palacio de Justicia de Santiago.

El ministerio público es representado por la fiscal litigante Quirsa Milagros Abreu, quien funge como titular interina Luisa Liranzo. En los interrogatorios del ministerio público, La Soga ha rechazado las imputaciones hechas por la fiscalía.

En tanto, que la dirección Cibao Central de la Policía Nacional asegura que solo maneja el expediente de acusación del 2011. El vocero de esa institución en esta jurisdicción dijo que el caso fue manejado directamente desde Santo Domingo.

Por Miguel Ponce

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