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JCE, complicidad y política

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Por: Guido Gómez Mazara

El rastro inefable del proceso de estructuración de la formalidad institucional obliga a la lectura “invisible” de combinaciones, hilos colindantes y acuerdos que nos remiten a una cultura política donde sus actores simulan posturas y nunca renuncian a manipular los procesos de elección. Las cuotas en instancias decisorias retratan ese afán por impedir que la norma jurídica se imponga sobre la política, dándole apertura a cabildeos que garantizan colocar en los rieles del interés partidario la solución de conflictos en los que se debate lo legal y lo que conviene.

Aunque la participación efectiva de la sociedad civil y sectores de la prensa independiente logran desmontar señales oprobiosas, el marcado deseo de preservar privilegios irritantes no cesa. Por eso, el poder allana la senda de utilizar su mayoría para estructurar una formalidad caracterizada por relaciones primarias y deudas de gratitud que concluyen siendo “eficientes” al favorecer la causa promotora de las designaciones.

Aquí no existe inocencia. El trasfondo de todo el tinglado construido obedece al afán de perpetuación y/o salida blindada. Ahora bien, en el trayecto la fuerza del poder político activa sus mecanismos para imponerse cuando las vías jurídicas no se tornan obedientes. Y el retardo y dilación expresan las coordenadas de las apetencias políticas.

En la actual coyuntura, la Junta Central Electoral (JCE) podría ser el ardid perfecto para que, por vía de los hechos, se desatienda la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) respecto del PRD y el mandato de la ley 15-19 y todo el régimen electoral porque la pasividad del órgano abre las compuertas para piruetas y modificaciones estatutarias llamadas a darle tintes de “validez” al preferido por el oficialismo. Ya, el tránsito por el Constitucional no podría resolverse en lo inmediato debido a los precedentes TC/0360/17, 0421/17,0472/17, 0483/17 y 0157/14. No obstante, las cenas y vinos en restaurantes capitalinos habilitan soluciones en amenas “conversaciones” del presidente y su abogado en el TSA, pero defensor de Vargas Maldonado en los tribunales.

Cuando la encuesta Gallup establece en un 55% el nivel de desconfianza de la Junta Central Electoral envía una clara señal de que las cosas deben reorientarse para que la ciudadanía asista a comicios libres y respetuosos de la voluntad de los electores. En el terreno práctico, y fundamentalmente en el caso del PRD y sobre el tema del voto de arrastre, la percepción es que el interés del poder pauta una conducta institucional caracterizada por la falta de temperamento y apego a la ley.

Con las excepciones de lugar, lo que históricamente prevalece alrededor de la Junta Central Electoral se remonta a la época en que Roberto Despradel “organizó” las elecciones que garantizaron resultados favorables al binomio Trujillo-Estrella Ureña. Así se “entiende” la relación poder-órgano electoral, y en la lógica del gobierno está lo expresado por Pared Pérez desde el Senado, al pretender limitar la actuación de instancias independientes cuando las decisiones se apartan de la agenda gubernamental. Aquellos pronunciamientos amenazantes contra tres miembros del TSE tienen sus efectos en el miedo y pasividad que sirve de materia prima a la complicidad innegable puesta de manifiesto en la conducta de la JCE.

Un retrato de los estorbos puede ubicarse en los exponentes de las cuotas políticas en los órganos institucionales porque actúan como correa de transmisión de sus amos. En el Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara y Díaz Filpo. Observen lo del Superior Electoral y tendrán en Madera Arias la fuente de perturbación y desequilibrio. Además, la presencia de Henry Mejía en la Junta Central Electoral entraña una expresión del militantismo retribuido. Todos claramente estructurados en razón de la politiquería y deseo que las decisiones sean penetradas en el sentido de que lo legal pase a un plano secundario.
Frente a un cuadro tan terrible, ¿acaso no corre mucho riesgo la institucionalidad democrática?

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