Catalogaron las prohibiciones de discriminatorias, clasistas, arbitrarias y atentatorias al derecho a la libre empresa, además de violentar procesos burocráticos y administrativos.
Productores y empresarios artísticos solicitaron este martes a las autoridades que reconsideren la disposición que prohíbe las festividades públicas y privadas en la Semana Santa.
Los empresarios artísticos y de eventos catalogaron las medidas de discriminatorias, clasistas, arbitrarias y atentatorias al derecho a la libre empresa, además de violentar procesos burocráticos y administrativos.
Decenas de artistas y cientos de técnicos, quienes han invertido tiempo y recursos en la preparación de eventos desde hace varias semanas, se han visto sorprendidos por la decisión gubernamental, la cual entienden es arbitraria.
Pierden más de 200 millones de pesos
Según estimaciones del sector, la inversión total realizada hasta el momento asciende a más de 200 millones de pesos, lo que resalta la magnitud del impacto económico y logístico de esta prohibición.
En una muestra de unidad y determinación, los productores, promotores y técnicos manifestaron su profunda preocupación y solicitaron a las autoridades competentes reconsiderar esa medida.
Los representantes del sector artístico y técnico destacaron la importancia de sus actividades durante Semana Santa, no solo como una fuente de ingresos vital para muchos, sino también como un motor para la economía local y un incentivo para el turismo en el país.
«Estamos comprometidos con el desarrollo cultural y económico de nuestra nación, y es por eso que pedimos al Gobierno que nos permita seguir adelante con nuestros eventos planificados para Semana Santa», afirmaron en el documento.
Por seguridad y por impacto en el turismo
El ministro de la Presidencia, Joel Santos, anunció ayer que el Gobierno prohibió todo tipo de espectáculos en las playas y otros balnearios para así evitar algún impacto negativo al turismo y también garantizar seguridad en esas zonas, según dijo.
«Es una forma de llevar más seguridad a la población, ya que también ayuda a mantener el orden público, el bienestar comunitario y por supuesto evitar cualquier impacto negativo en el turismo», argumentó.
