Representantes legales de 17 de los afectados de la explosión que el pasado 14 de agosto cobró la vida de 42 personas, demandaron por daños y perjuicios al Ayuntamiento municipal y su alcalde José Bienvenido Montás, al Ministerio de Obras Públicas y Conunicaciones y a su ministro Deligne Ascensión y a la empresa Consorcio RYLCO y Asociados.
Los abogados Roberto Oscar Faxas Sánchez, Bernardo Ledesma, Pedro Casado Jacobo y Rafael Manuel Nina Vásquez, informaron que el sometimiento fue depositado ayer en el Tribunal Superior Administrativo, en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la República, que según estos juristas, establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida, y más en este caso donde el control, guarda y cuidado del lugar donde se produjo el incendio estaba bajo el dominio de las autoridades en el momento de la tragedia.
Afirmaron que es la primera vez que en el país se hace este tipo de demanda judicial, lo que representa un hecho sin precedentes.
Al cumplirse seis meses de aquella detonación, familiares de los fallecidos y afectados aún exigen una investigación más profunda para dar con toda la verdad de los hechos.
En medio del dolor, con pancartas en manos, decenas de familias siguen pidiendo justicia para tener un poco de consuelo. Lamentaron que a seis meses aún no se conozcan con certeza las causas de aquella explosión que acabó con la vida de 42 personas y afectó a otras tantas.
