Por Domingo Placido
Como todos sabemos, SOS es la señal internacional de peligro y, es la que en el plano de la judicatura nacional emite el Tribunal Superior Administrativo por su carencia de facilidades físicas para desempeñar su labor.
El tribunal de lo contencioso es un anciano engendrado en el año de 1947 que en realidad nació en el año 2007 y lo hizo en medio de precariedades extremas.
Su vida hasta 1992, con el Código Tributario, fue opaca y, la siguiente etapa, tímida; es a partir de la Ley 13-07, de transferencia de competencias, que adquiere principalía y se convierte en el eje de la democracia como órgano de control judicial del Gobierno y de las instituciones del Estado en el marco de sus competencias administrativas, como sostiene Ángel Lockward en su obra Derecho Administrativo, dedicada a este tribunal.
El TSA ha tenido momentos de luces como garante de una democracia transparente, tanto frente a excesos del titular del ejecutivo, creando impuestos por decreto, como de abusos de órganos culturalmente admitidos por encima de la Ley como DGII y Aduanas, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, Pasaportes entre otros.
Hubo espacios en que decisiones cautelares, particularmente cuando lo presidía el Magistrado Vásquez Goico, actual Juez de la Suprema Corte de Justicia, llevaron aires de seguridad jurídica a la ciudadanía y, todas las salas, han sido desde entonces, garantes de la propiedad y buena administración.
Este órgano judicial que en otros países es una alta corte, denominada Consejo de Estado, en el nuestro tiene el nivel de una corte de apelación y, en sentido general, sus jueces, exhiben una excelente especialización en este derecho novedoso, desconocido en el país hace unas décadas, el derecho administrativo.
Lástima que todavía no puede actuar como “corte” es decir como tribunal de segundo grado, porque la falta de creación de los tribunales contenciosos previstos en la Constitución, le mantiene como un tribunal de jurisdicción única, agobiado particularmente por los casos administrativos de los municipios de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional en donde, cuando menos, hace tiempo debió haber tribunales de primer grado.
Así las cosas la demanda de servicios judiciales forzó su traslado del sector de Gazcue, a una pequeña área del edificio de la antigua Suprema Corte de Justicia en la Feria, cuando se esperaba el edificio del antiguo Hotel Cervantes que estaba siendo remodelado a ese fin.
Más aún, para el despacho de los casos que se amontonan, por imposibilidad material de los jueces de atenderlos, se crearon dos salas adicionales… pero no había salones para conocer de las audiencias.
Hoy, atestado de casos, el TSA naufraga en la indisponibilidad de salones para conocer de las audiencias y de oficinas para que los magistrados y sus asistentes despachen los asuntos puestos a su cargo.
El Consejo del Poder Judicial debe buscar soluciones físicas para este grave problema, sea buscando un nuevo edificio, sea construyendo en el techo de la vieja edificación de la Feria o sea dejando el edificio solo para cortes y trasladando los tribunales civiles de primer grado que operan en él, pero lo que nadie duda es que, en las condiciones físicas que opera, sin salas propias o suficientes, este tribunar está colapsado, el gobierno central debe aportar ha esta solución y aportar los recursos para que e TSA que está reconocido internacionalmente como el mejor tribunal de la República Dominicana, pero aún no tiene una planta física acorde a su capacidad de trabajo, esperamos una respuesta en este sentido.
